| Buscador | Enlaces | Contacta |                                        Secciones Principal Conócenos Noticias Agenda Campañas Documentos & Archivos Galería Fotográfica Informes Tribunal de Cuentas   Calendario    EL REINO DE ESPAÑA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA POR INFRINGIR EL DERECHO COMUNITARIO EN LAS EXPLOTACIONES DE CARBÓN A CIELO ABIERTO DE LACIANA 26/06/2009 La decisión de la Comisión Europea supone un gran varapalo para el Gobierno de España y muy especialmente para su presidente, José Luís Rodríguez Zapatero.                                                                               Noticias Relacionadas Victorino, Ana Luisa y Masip... La CE no dará carpetazo... Juan Vicente Herrera reconoce... Viaje de la alcaldesa a Bruselas... Sálvese quien pueda... Visita de la Delegación de la CE... Nuestra comparecencia ante el Comité de Peticiones... David Hammerstein en el Feixolín... Lo venimos advirtiendo desde hace años, pero la arrogancia de estos políticos que nos han tocado en suerte se mofaba de todas las advertencias. De la misma manera que desde hace una década se ha venido mofando de las resoluciones judiciales dictadas por los Tribunales de Justicia españoles. Desde la emisión por parte de la Comisión Europea del primer Dictamen Motivado (2004) las autoridades españolas tienen constancia fehaciente de que las explotaciones a cielo abierto que se están desarrollando en Laciana son incompatibles con las directivas comunitarias que protegen estos espacios de alto valor ecológico de la Red Natura 2000. Sin embargo, la clase política no ha dudado en quebrantar una y otra vez las normas legales, para favorecer los intereses del empresario minero, Victorino Alonso, cuyo historial hoy llena páginas y páginas en Internet. Y casi todas por incumplir la Ley. Dicho esto, la decisión de la CE de enviar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE, además de un varapalo para Zapatero (Victorino presume en público y en privado de ser amigo personal del Presidente del Gobierno), significa que el contribuyente español va a pagar las veleidades de su mediocre clase política. Porque salvo un milagro nadie puede evitar una abultadísima sanción económica al reino de España por infracción del derecho comunitario. De nada han servido las idas y venidas de la alcaldesa y de su amigo Victorino a Bruselas. De nada han servido las falacias de la mediocre eurodiputada socialista Iratxe García, ni la de su colega asturiano Antonio Masip. Hoy a todos ellos tendría que caérseles la cara de vergüenza. Si la tuvieran, claro está. Del mismo modo que el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera le debe una explicación a la ciudadanía, por todos los enjuagues, chanchullos y hasta posibles actuaciones delictivas de sus subordinados. Empezando por su Delegado en León, Eduardo Fernández. Naturalmente, tampoco se pueden ir de rositas los máximos responsables de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Y en este capitulo de incomprensibles tolerancias con el infractor, tampoco podemos dejar a un lado la actitud - cuando menos incomprensible para los profanos - de la Justicia. Alguien debería explicarnos las razones por la cuales jamás se han ejecutado las diferentes sentencias dictadas por los tribunales. Estos jueces hoy están en la picota y lo estarán aún más cuando el Tribunal de Justicia de la UE dicte sentencia. Esta victoria de la tenacidad por hacer cumplir la Ley siendo muy importante y ciertamente esperanzadora para el futuro, llega algo tarde. Desde 2004 - año en el que la CE emite el primer Dictamen Motivado - hasta hoy los destrozos que se han originado con estas explotaciones ilegales son considerables. Se ha destruido una enorme superficie de masa forestal, se han destruido acuíferos, modificado el relieve y el paisaje de la zona, fragmentado el hábitat de especies protegidas, contaminado las aguas de superficie y subterráneas y ha desaparecido una importante y valiosa biodiversidad. Y lo que no se ve es todavía mucho más grave. En esas zonas devastadas por las explotaciones han quedado sepultadas cientos de toneladas de chatarra y más de 2.000 toneladas de aceites usados. Una autentica bomba de relojería que inevitablemente tendrá graves consecuencias en el futuro. Tanto para las especies como para la salud de los lacianiegos. Y de esa actitud temeraria sólo son responsables aquellos que la han venido amparando. Guillermo Murias y Ana Luisa Durán si supieran lo que es la decencia política deberían dimitir de inmediato y pedir perdón. No harán ni lo uno ni lo otro. Y por esa misma razón deberían ser cesados de sus cargos Luís Aznar y Eduardo Fernández. Naturalmente, el resto de los responsables políticos en este asunto, le deben una explicación a la ciudadanía. Y en una democracia corresponde darla en el Congreso de los diputados, en las Cortes de Castilla y León y en el Ayuntamiento de Villablino.   Inicio                                                           Página Optimizada para la resolución de 1024x768 © Copyright 2005 Los Verdes Europeos Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier contenido de esta web sin previa autorización