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LO QUE DICE EL

TRIBUNAL DE CUENTAS (III)

 

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2. Presupuestos (Página 5)

2.1. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El Presupuesto general de 1998 se aprobó el 23 de octubre de 1997 y el de 1999 el 4 de septiembre de 1999, una vez iniciado para éste último su período de vigencia. Para el año 2000 se prorrogó el presupuesto de 1999, que a su vez tuvo vigencia para casi todo el ejercicio 2001, ya que el correspondiente a este ejercicio se aprobó el 14 de diciembre de ese mismo año.

La falta de aprobación en plazo de los presupuestos anuales determina automáticamente la entrada en funcionamiento de la prórroga presupuestaria, prevista en el art.150.6 de la LHL, pero anula la función del presupuesto como instrumento de planificación y control de la actividad económica municipal.

Únicamente los presupuestos de 1998 y de 2002 fueron aprobados con anterioridad al 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio que debía aplicarse, conforme con el art. 150 de la LHL.

Los anexos de personal exigidos en el art. 149.1.c de la LHL no incluían a todo el personal del Ayuntamiento, por lo que los créditos iniciales que se consignaban en los presupuestos eran insuficientes para cubrir el coste total que debía asumirse. Este hecho motivó que parte de los gastos se reconocieran indebidamente en otros capítulos presupuestarios, incumpliendo el principio de especialidad presupuestaria.

Ninguno de los presupuestos aprobados incluía el anexo de inversiones a realizar en el correspondiente ejercicio, tal y como exigía el art. 149.1.d de la LHL, impidiendo valorar la coherencia de los créditos consignados en el presupuesto de gastos con esta finalidad. La ausencia de planificación de las inversiones repercutió en la incorrecta financiación de las obras que se acometieron y, además, determinó que algunas se adjudicasen sin tener la consignación presupuestaria legalmente exigible.

Por otra parte, en el trámite de aprobación de los presupuestos de 2001 y 2002 se presentaron reclamaciones por no haber presentado el preceptivo informe económico-financiero al que hacía referencia el art. 149.1.e de la LHL y por no haber incluido partidas de gastos que permitiesen imputar facturas por servicios prestados pendientes de reconocer y pagar. No obstante, estas reclamaciones no fueron atendidas y el presupuesto se aprobó finalmente en los términos inicialmente propuestos.

La elaboración y aprobación del presupuesto municipal constituye, sin ninguna duda, el acto anual más importante que debe realizar cualquier corporación. Sin embargo, en el ayuntamiento de Villablino, a juzgar por lo que conocemos, este trámite casi siempre ha tenido una importancia secundaria. De ahí la ausencia de planificación y control de la actividad económica municipal. Y de ahí también la bancarrota actual.

No se llega por casualidad ni por simples errores de gestión a acumular una deuda tan colosal. Se llega por incompetencia, desidia y falta de responsabilidad. La inconsciencia de nuestros gestores ha sido de tal magnitud que no han dudado en incumplir la ley en repetidas ocasiones.

Por ejemplo, en ninguno de los presupuestos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas se incluía a todo el personal del ayuntamiento, ni tampoco las inversiones a realizar. Ni siquiera se reconocían las deudas. Es decir, que todo ha sido improvisación y mala gestión. Acumulando así una irregularidad tras otra.

Como por ejemplo, no consignar los créditos suficientes para abonar las nóminas del personal. Viéndose obligados a detraerlos de otras partidas, como en el caso de la Piscifactoría de Caboalles de Arriba. La obra sigue en fase de cimentación, pero las subvenciones recibidas para su construcción han servido para tapar otros agujeros.

Y como la osadía no tiene límites, hasta se adjudicaban las obras sin tener garantizada su financiación. Por eso hoy la lista de acreedores del ayuntamiento es interminable. Para algunos, como el constructor de las gradas y vestuarios del Polideportivo de Villablino, la situación llegó a ser dramática. Y después nos venden desde la izquierda que protegen y ayudan a la pequeña y mediana empresa.

Pero ni siquiera se han parado ahí nuestros magníficos gestores. No, su arrogancia ha ido todavía más allá, no atendiendo las reclamaciones presentadas a  los presupuestos de 2001 y 2002. Algo realmente tan insólito como irresponsable.

De todas estas barbaridades, no sólo el Equipo de Gobierno es responsable, la oposición también tiene una parte muy importante de culpabilidad por no haber desempeñado correctamente su labor.

¿Cómo es posible que nadie se percatara de todas estas irregularidades que ahora se reflejan en el Informe del Tribunal de Cuentas?

¿En qué ha consistido su labor de fiscalización y control?

¿Cómo es posible que ni siquiera se dieran cuenta de que en los anexos de personal no figuraba la totalidad de la plantilla?

¿Cómo es posible que tampoco hayan constatado que las obras se adjudicaban sin tener financiación?

¿Cómo es posible que no exigieran el listado de acreedores? De haberlo exigido, habrían observado que en muchos casos no se reconocían las deudas pendientes. Y por supuesto, habrían constatado que tampoco se pagaban.

En estas circunstancias es lógico que los portavoces del  PSOE y del PP hayan tratado de minimizar el alcance del Informe del Tribunal de Cuentas. Porque cualquiera que tenga una mínima noción sobre el funcionamiento de un ayuntamiento, sabe perfectamente que si el Equipo de Gobierno se lleva la peor parte, ellos tampoco se van de rositas. Unos por acción y otros por omisión, todos son culpables de la bancarrota del ayuntamiento.

Todos ellos tienen el dudoso honor de haber contribuido a situarnos en el primer puesto del endeudamiento municipal en Castilla y León y en el quinto del país. ¡Casi nada!

Eso sí, unos y otros siguen vendiendo un futuro que nunca llegará, por lo menos  mientras el presente siga siendo tan caótico y ellos sigan pilotando la nave municipal. Para muestra ya ha bastado un botón.

 Pincha aquí para ver Informe Tribunal de Cuentas

 

 

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